David Bacon: Desarraigados y Criminalizados

El impacto del libre comercio en los migrantes
Por David Bacon



David Bacon, es Senior Fellow en el Oakland Institute, es un renombrado escritor y foto periodista del área de la Bahía que ha recibido numerosos premios por sus escritos como por sus fotografías.



Por más de 20 años, Bacon trabajó como organizador sindical en sindicatos en donde los trabajadores inmigrantes constituían un alto porcentaje de su membresía. Entre ellos están el United Farm Workers, el United Electrical Workers, el International Ladies’ Garment Workers, y el Molders Union, entre otros. Esas experiencias le dieron una perspectiva única de las cambiantes condiciones de la fuerza de trabajo, el impacto de la economía global y la migración, y cómo estos factores influyen en la lucha por los derechos de los trabajadores.



El trabajo de David aparece regularmente en TruthOut, The Nation, The American Prospect, The Progressive, y el San Francisco Chronicle, entre otras publicaciones. Sus libros incluyen The Children of NAFTA (University of California Press, Marzo, 2004), Communities Without Borders (ILR/Cornell University Press, October 2006) e Illegal People – How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants (Beacon Press, 2008). En su último proyecto Living Under the Trees, Bacon fotografía y entrevista migrantes indígenas Mexicanos en los campos de trabajo de California.




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Rufino Domínguez, coordinador del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), señala que aproximadamente 500, 000 indígenas oaxaqueños viven en Estados Unidos; 300, 000 de ellos en California. La crisis económica provocada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como otras reformas económicas están desarraigando y desplazando a los Mexicanos de las zonas más remotas del país, en donde los indígenas aún hablan su lengua. Domínguez señala que “No hay trabajos en México y el TLCAN redujo tanto el precio del maíz, que económicamente es imposible continuar sembrándolo. Venimos a trabajar a Estados Unidos porque no hay alternativa.”



Como él señala, las políticas estadounidenses comerciales y de inmigración están interconectadas. Son parte de un solo sistema, y no constituyen políticas separadas e independientes. La negociación del TLCAN fue un paso importante en el desarrollo de esta relación.



Desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, el Congreso de Estados Unidos ha debatido y aprobado diversos acuerdos comerciales bilaterales con Perú, Jordania y Chile, así como el Tratado de Libre Comercio de Centro América. Al mismo tiempo, los debates en el Congreso se han llevado a cabo como si estos acuerdos comerciales no guardaran ninguna relación con las olas de personas desplazadas migrando a Estados Unidos en busca de trabajo. Mientras tanto, una creciente histeria anti-inmigrante ha demonizado a estos migrantes y ha impulsando medidas que pretenden negarles trabajo, derechos o cualquier intención de vivir en igualdad con la gente de las comunidades donde viven. Para resolver cualquiera de estos dilemas, adoptando políticas migratorias humanas y racionales que reduzcan el miedo y la hostilidad hacia los migrantes, el punto de partida debe ser el análisis de la forma en como las políticas de Estados Unidos han producido y criminalizado a los migrantes.




Argumentando a favor del libre comercio para detener la migración.




Las negociaciones comerciales y la política migratoria se integraron formalmente cuando el Congreso aprobó la Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986. Los activistas de derechos humanos de los inmigrantes han actuado en contra de dicha ley porque contenía sanciones a los empleadores, prohibiéndole por primera vez a nivel federal, contratar trabajadores indocumentados. Los defensores liberales de la IRCA, señalaron que a pesar de las sanciones, la amnistía era un triunfo que finalmente permitió a más de 4 millones de personas viviendo en Estados Unidos sin documentos migratorios, obtener la residencia permanente.



Sin embargo, pocos notaron una importante previsión de la ley: el establecimiento de la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo para estudiar las causas de la migración a Estados Unidos. La comisión elaboró y publicó un reporte para el presidente George Bush y el Congreso en 1990. El reporte encontró, sin ninguna sorpresa, que la principal motivación para migrar al norte era económica. Para disminuir o detener el flujo migratorio, recomendó: “promover una mayor integración económica a través del libre comercio entre los países expulsores de migrantes y Estados Unidos” y “que la política económica de Estados Unidos promoviera un sistema de libre comercio.” Concluyó planteando que “Estados Unidos debe acelerar el desarrollo de una área de libre comercio entre México y Estados Unidos, así como promover su incorporación con Canadá dentro del área de libre comercio de Norte América,” mientras que advertía que “tomara muchos años, incluso generaciones enteras para lograr un desarrollo sostenido.” El presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, dejó claro su apoyo al acuerdo comercial entre México y Estados Unidos.



Mientras el Congreso debatía el tratado, el presidente Salinas, viajaba por Estados Unidos declarado, ante un descontento auditorio por los altos niveles de migración, que la aprobación del TLCAN reduciría la migración mexicana al proveer de empleo a los mexicanos en su propio país. A su regreso a México, Salinas y otros defensores realizaron el mismo argumento. El TLCAN, aseguraron, pondría a México en el camino de ser una nación del primer mundo. “Fuimos parte del primer mundo… su patio trasero”, señala Juan Manuel Sandoval, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.





TLCAN: una receta para destruir la agricultura mexicana.




El TLCAN se volvió una fuerte importante de presión para los Mexicanos, particularmente para los Oaxaqueños. El tratado obligó al maíz amarillo, producido por los campesinos sin subsidios, a competir en el Mercado interno mexicano con el maíz subsidiado producido en Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas a México crecieron mas del doble durante los años del TLCAN, de $4.6 a 9.8 billones anualmente –en el 2006, tan solo $2.5 billones de dólares fueron de maíz. En enero y febrero de 2008, amplias demostraciones en México buscaron impedir la implementación del capitulo final del tratado, el cual redujo las tarifas arancelarias del maíz blanco y el fríjol.



Como resultado de la creciente crisis en la producción agrícola; para la década de 1980 México se había convertido en importador de maíz, y de acuerdo con Sandoval, muchos campesinos cambiaron a otros cultivos al no poder competir con el grano estadounidense. Sin embargo, el TLCAN prohibió los subsidios, sin los cuales cientos de miles de pequeños campesinos encontraron imposible vender maíz u otro producto agrícola. La CONASUPO, la empresa paraestatal través de la cual el gobierno compraba maíz a precios subsidiados para producir tortillas, y venderlas a franquicias a bajos precios, fue suprimida. Y cuando el TLCAN removió las barreras arancelarias, un gran número de corporaciones de Estados Unidos inundaron, aún más, con productos agrícolas el mercado mexicano. Las familias campesinas sufrieron hambre cuando no lograron encontrar compradores para sus cosechas. No es una casualidad que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional planeara su levantamiento en Chiapas el día en que el TLCAN entró en vigor. Los indígenas campesinos sabían lo que les esperaba en el Sureste del país.



México fue incapaz de proteger su propia agricultura de las fluctuaciones del mercado mundial. Un excedente global de café en los 90s hundió los precios por debajo de los costos de producción. Un gobierno menos coercionado pudo haber comprado los granos a los productores Veracruzanos para mantenerlos a flote, o proveerles de subsidios para el cultivo de otros granos. Pero una vez que las estructuras del mercado estaban en su lugar, el gobierno fue incapaz de intervenir y los campesinos sufrieron las consecuencias. Los campesinos veracruzanos se integraron a las corrientes migratorias de trabajadores hacia el norte, en donde una parte importante de ellos pasó a integrar la fuerza de trabajo en la planta procesadora de cerdo de Smithfield en Carolina del Norte, así como en otras industrias. Al prohibirse la intervención del gobierno para ayudarlos, esos campesinos pagaron el precio. Los campesinos Veracruzanos se unieron al flujo de migrantes con rumbo hacia el norte.



La población urbana en México no la pasó mejor. A pesar de que se pretendía que el flujo de granos baratos de Estados Unidos haría caer los precios al consumidor, sucedió lo contrario. Con el cierre de las tiendas CONASUPO y el control de precios, el precio de las tortillas aumentó mas del doble en los años siguientes a la adopción del TLCAN. Una compañía, el grupo Maseca, monopolizó la producción de tortilla, mientras que Wal-Mart se convirtió en el vendedor al menudeo más grande de México.





Mayor empobrecimiento entre los trabajadores pobres




Bajo las leyes mexicanas, los productores extranjeros de autos como Ford, Chrysler, General Mototrs, y Volkswagen estaban obligados a comprar algunos de sus componentes a los productores mexicanos. Sin embargo, el TLCAN prohibió a los gobiernos exigir a los inversionistas extranjeros que emplearan cierto porcentaje de partes manufacturadas localmente en su producción. Sin esta restricción, los gigantes automovilísticos comenzaron a abastecer sus líneas de ensamblaje con productos provenientes de sus propias subsidiarias, y a menudo manufacturados en otros países. Los trabajadores mexicanos de auto partes perdieron sus empleos por miles.



Las reformas económicas reestructuraron la economía mexicana. Uno de los principales objetivos de estas reformas fue la privatización del enorme sector estatal, el cual empleaba millones de trabajadores. Para el inicio de la década de 1990, el gobierno mexicano había vendido la mayoría de sus minas a una compañía, el Grupo México, propiedad de una sola familia, los Larrea, también su mina de acero en Michoacán a la familia Villareal, y su compañía telefónica a Carlos Slim. Carlos Hank Gonzalez, ex regente de la Ciudad de México, llevó al sistema de autobuses públicos a una profunda deuda y posteriormente adquirió las líneas en los 90s a través de una subasta pública. México creo más millonarios en este periodo que cualquier otro país en el mundo.



Los mexicanos ricos no fueron los únicos beneficiarios de la privatización. Las compañías estadounidenses fueron autorizadas a comprar tierras e industrias sin socios mexicanos en cualquier parte de México. La Union Pacific, radicada en Estados Unidos, junto con los Larrea, se convirtió la propietaria de la mayor línea de ferrocarril de sur a norte en el país, e inmediatamente descontinuó todo el servicio de pasajeros, tal y como lo han hecho las corporaciones ferroviarias en Estados Unidos. Mientras los Larrea y la Union Pacific se movilizaban para elevar las ganancias y reducir costos de mano de obra, el empleo en los ferrocarriles mexicanos cayó precipitadamente de 90, 000 a 36, 000 trabajadores. El sindicato de los ferrocarrileros, bajo la dirección de los lideres de izquierda Demetrio Vallejo y Valentín Campa había sido tan poderoso que sus huelgas desafiaron al gobierno en la década de 1950. Enfrentando la privatización, los ferrocarrileros montaron una arriesgada huelga para intentar salvar sus empleos, sin embargo fueron derrotados y el sindicato se volvió un fantasma de lo que alguna vez fue en la política Mexicana.



Después del TLCAN, la ola privatizadora se expidió. Los puertos mexicanos fueron vendidos y compañías como la Stevedoring Services of America, Hutchinson, y TMM actualmente operan las terminales portuarias más grandes del país. El impacto en el salario y el empleo de los estibadores ha sido devastador. En Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos puertos más grandes del Pacífico, un operador de grúa ganaba entre $100 y 160 dólares al día antes de la privatización al final de los 80s. Actualmente ganan entre $40 y 50 dólares.



Salarios caídos e incremento de la pobreza



El recorte salarial en las empresas privatizadas y la destrucción de los acuerdos salariales solo incrementó las disparidades salariales entre México y Estados Unidos. De acuerdo con Garret Brown, de la Maquiladora Health and Safety Network, el salario Mexicano promedio equivalía al 23% del salario en el sector de la manufactura en Estados Unidos para 1975. Para el 2002, se encontraba 12% abajo del salario en el sector de la manufactura en Estados Unidos. Brown señala que desde el TLCAN entró en vigor, los salarios reales en México cayeron 22%, mientras que la productividad de los trabajadores se incremento en 45%.



En el primer año del TLCAN, el gobierno mexicano reportó que un millón de mexicanos perdieron su empleo. En ese año el peso fue devaluado con la intención de evitar la liquidación de bonos de corto plazo y la salida de capital hacia el norte. El secretario del Tesoro de Estado Unidos, Rober Rubin, diseñó un préstamo de $20 billones de dólares a México, el cual fue pagado a propietarios de bonos, mayoritariamente bancos de Estados Unidos. A cambio, México tuvo que dar en prenda sus ingresos petroleros para pagar la deuda externa, reduciendo el presupuesto disponible para gasto social en el país.



Mientras que la economía mexicana, especialmente la industria maquiladora en la frontera, se volvió dependiente del mercado de Estados Unidos, los trabajadores mexicanos perdieron sus trabajos cuando el mercado para de esas fábricas se hundió durante la recesión de Estados Unidos. De 2000 a 2001, se perdieron 400, 000 empleos en la frontera de México con Estados Unidos, y durante la actual recesión, miles más serán eliminados.



En el 2006 la propagación de la pobreza y la falta de un programa de creación de empleos y de incremento en el nivel de vida, originó un conflicto de meses en Oaxaca, y en el que las huelgas y las movilizaciones fueron reprimidas por el gobierno estatal. Leoncio Vázquez, director de comunicaciones del FIOB en Fresno California, señaló que “la falta de derechos humanos es en sí mismo un factor que contribuye a la migración de Oaxaca y México, ya que imposibilita la capacidad de la gente para exigir cualquier tipo de cambio.”



Desplazamiento: Un resultado de las políticas de libre comercio



Todas estas políticas producen el desplazamiento de gente que no puede vivir o sobrevivir como lo había hecho antes. Las predicciones color de rosa de los pangeristas del TLCAN probaron ser falsas. Entre el 2000 y el 2005, México perdió 900, 000 empleos en las zonas rurales y 700, 000 en las ciudades. Desde 1994, 6 millones de mexicanos han migrado a Estados Unidos. Otro millón migró para trabajar en las maquiladoras. En solo cinco años, de 2000 a 2005, la población mexicana viviendo en Estados Unidos se incrementó de 10 millones a 12 millones. A pesar de que algunos de ellos contaban con unas cuantas tarjetas verdes o visas de residencia permanente, la mayoría de estos migrantes fueron indocumentados.



Sin embargo, desde 1982 hasta la era del TLCAN, las sucesivas reformas económicas han producido más migrantes. Ejidatarios (campesinos que trabajaban en tierras propiedad del estado y que regularmente tenían que producirla y cosecharla para conservarla) que perdieron sus tierras encontraron empleo como trabajadores agrícolas en California. Los ferrocarrileros despedidos viajaron hacia el norte, así como sus padres lo hicieron durante el incio de 1900, cuando los trabajadores mexicanos construyeron gran parte del sistema ferroviario del Suroeste de Estados Unidos. El desplazamiento de gente había crecido tanto para 1986 que la comisión establecida por el IRCA fue exhortada a que elabroara recomendaciones para detenerla o disminuirla.



Su reporte instaba a que los países “expulsores de migrantes” debían alentar la modernización tecnológica asegurando y fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual y removiendo los actuales obstáculos para la inversión”, y recomendando que “Estados Unidos condicionara la ayuda bilateral a los países expulsores de migrantes que tomen los pasos necesarios para el ajuste estructural. De forma similar, el apoyo de E.U., para prestamos a través de las instituciones financieras internacionales debe estar basado en la implementación de programas de ajuste satisfactorios.” El reporte de la comisión, incluso reconoce el potencial peligro de la migración, haciendo notar que esos “esfuerzos deben realizarse para aliviar los costos transitorios en sufrimiento humano.”



Sin embargo, el TLCAN no estuvo propuesto para aliviar el sufrimiento humano. En 1994, el año en que el tratado entró en efecto, los especuladores estadounidenses comenzaron a vender los bonos del gobierno mexicano. De acuerdo con Jeff Faux, director fundador del Economic Policy Institute, “la crisis del peso en Diciembre de 1994, estuvo directamente conectada con el TLCAN, el cual había creado una burbuja especulativa para los activos mexicanos que se colapsaron cuando los especuladores los cobraron.”



“Son las crisis financieras y los desastres económicos los que lleva a la gente a trabajar por dólares en Estados Unidos, para reponer los ahorros de toda una vida, o tan sólo para ganar lo suficiente para mantener a la familia en casa. La crisis de la deuda inducida en la década de 1980, antes del TLCAN, llevó a la gente hacia el norte.” señala el historiador de la universidad de Harvard, John Womack. Añade, que la crisis financiera y la reforma del TLCAN diseñada por el secretario del Tesoro, Rubin, junto con la expropiación financiera (de Nueva York) de las finanzas mexicanas entre 1995 y 2000, una vez más impulsó a los náufragos, los desposeídos y empobrecidos a migrar al norte.



El debate sobre la inmigración en Estados Unidos, carece de un vocabulario para describir las circunstancias que experimentan los migrantes antes de cruzar la frontera –los factores que los motivan a desplazarse. En el debate político de Estados Unidos, los pizcadores de café desplazados de Veracruz o los trabajadores desempleados de las plantas de auto partes en la ciudad de México son llamados inmigrantes, porque ese debate no reconoce su existencia antes de que crucen la frontera. Sería más preciso llamarlos migrantes, y al proceso llamarlo migración, ya que ello implica tomar en cuenta sus comunidades de origen y aquellas a donde viajan en busca de trabajo.



De forma similar, el debate en Estados Unidos, crea una gran distinción entre los mexicanos en busca de trabajo, muchos de ellos indocumentados, sin derechos y sin un estatuto legal, y los Cubanos que obtienen visas de residencia permanente como refugiados políticos tan pronto ponen un pie en Florida. Sin embargo, estas distinciones tienen que ver más con la política exterior de Estados Unidos que con la realidad. Cuando los maestros y los campesinos abandonaron Oaxaca en busca de un futuro económico viable, después de ser golpeados en las calles por protestar por la incapacidad del gobierno del estado por proveer de un futuro viable, ¿son refugiados o trabajadores en busca de un empleo? Sin duda, son ambos. Sin embargo en Estados Unidos y en otros países, los derechos económicos no son considerados derechos humanos. Desde la perspectiva oficial, el hambre no crea refugiados políticos. En efecto, todo el proceso que empuja a la gente a migrar al norte está fuera de los parámetros del debate político.



Desplazamiento es una palabra innombrable en el discurso de Washington. Pero ninguna propuesta de reforma migratoria en el Congreso en el 2006 y 2007 intentó comprender las políticas que desarraigan a los mineros, los maestros, y a los campesinos, a pesar de que los miembros del Congreso votaron por estas políticas. De hecho, mientras debatían las propuestas para criminalizar a los migrantes indocumentados y crear un programa de trabajadores temporales, cuatro nuevos acuerdos de libe comercio fueron introducidos, cada uno de los cuales creará más desplazamiento y más migración.




La familia Sensenbrenner y su papel en la inmigración.



Hace tres años, el congresista James Sensenbrenner convenció a los Republicanos en el Congreso (y a 35 Demócratas también) para aprobar una de las peores leyes migratorias en los últimos cien años. La propuesta HR 4437, criminalizaba a nivel federal a los 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, así como a los maestros, enfermeras y sacerdotes que les prestaran alguna ayuda. Así mismo, aprobó la construcción de un muro de 700 millas en la frontera de México y Estados Unidos para impedir que la gente continuara cruzando. Sin embargo, el congresista Sensenbrenner es más que un líder de los congresistas. Su familia esta íntimamente vinculada en la creación de las condiciones que causan la migración, y por lo tanto obtiene una ganancia del trabajo disponible a través de la migración. De hecho, por si mismas, las conexiones de la familia Sensenbrenner son un microcosmos de la economía política de la migración.



El abuelo de James Sensenbrenner fundó Kimberly Clark, una de las compañías papeleras más grandes del mundo, y Sensenbrenner y su familia continúan siendo los principales accionistas. La contraparte mexicana de la compañía, la Kimberly Clark de México, esta asociada de forma cercana al gigante minero, Grupo México, y el antiguo ejecutivo de Kimberly Clark J. Eduardo González, forma parte de la mesa directiva del Grupo México.



En 1988, el Grupo México provoco una huelga en Cananea para reducir sus costos en la fuerza de trabajo en una de las más grandes minas de cobre del mundo, la cual fue adquirida en una venta de remate durante la ola privatizadora en México. 800 mineros perdieron su empleo. En 2006 el Grupo México despidió a 1500 mineros en Nacozari, otra enorme mina privatizada en una zona cercana, porque los trabajadores realizaron una huelga para impedir los intentos de destruir el sindicato. No hay mas empleos en ninguno de los dos pequeños poblados, y las familias han tenido que abandonar sus lugares de origen para lograr sobrevivir. La frontera con Arizona está a unas cuantas millas al norte, por lo que muchos la han cruzado para encontrar trabajo en Tucson, Phoenix o Los Angeles.



Durante los mismo meses que los mineros despedidos de Nacozari comenzaron a viajar al norte, Sensenbrenner organizó una serie de audiencias en el Congreso para promover su propuesta migratoria. Frente a los reporteros, criticó fuertemente a los inmigrantes indocumentados, asegurando que no había lugar para ellos en Estados Unidos y que por lo tanto , debían abandonarlo. Sin embargo, ningún periodista emprendedor le preguntó acerca de los mineros en Cananea y Nacozari y a dónde pensaba que se habían ido.



Cerca de 24 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, ya sea como ciudadanos o con documentos, y 12 millones sin documentos. Si en este momento regresaran a su casa, industrias enteras se colapsarían. Muchas de las compañías más grandes del países se irían a la bancarrota. Una de ellas es el negocio de la familia Sensenbrenner. Cada año, Kimberly Clark convierte enormes cantidades de pulpa de madera en papel higiénico. Los árboles empleados para hacer la pulpa, son plantados y cuidados en bosques desde Maine hasta Georgia, por miles de trabajadores inmigrantes.




Explotando trabajadores temporales



Los trabajadores temporales en los bosques son reclutados en México, Centro América y el Caribe. Los reclutadores prometen altos salarios y cobran miles de dólares por las visas, cuotas y transporte. En el momento en que los trabadores temporales dejan su casa, las deudas que tienen son aplastantes. En 1984, 14 hombres se ahogaron cuando la camioneta que los transportaba al trabajo cayó de un puente al río Halagas en el bosque de Maine. Conducían a alta velocidad porque un día antes la lluvia había impedido que trabajaran. Incluso un día de trabajo perdido significa poner a la familia en riesgo de cubrir el pago de su préstamo o perder su casa.



En 2007, el Southern Poverty Law Center, publico un reporte titulado “Cerca del Esclavismo”, en el cual documentaba el trato que recibían los trabajadores temporales. Ninguno recibe tiempo extra, a pesar de la ley. Las compañías cobran por las herramientas, la comida y la vivienda. Los trabajadores temporales son rutinariamente engañados. Recientes protestas, han expuesto la explotación que sufren los trabajadores temporales reclutados de la India para trabajar en el astillero del Mississippi para la compañía Signal Internacional. Los trabajadores pagan de $15, 000 a 20,000 dólares por cada visa, por vivir en las barracas del astillero y deben levantarse a las 3: 30 de la mañana para usar los baños, pues no hay suficientes para todos. La compañía recortó salarios, mantuvo a seis trabajadores como prisioneros de deportación y despidió a su líder, Joseph Jacobs.



Si los trabajadores protestan por este tipo de tratos, sus nombres son puestos en las listas negras y no son contratados al año siguiente. Protestar tampoco puede hacer mucho bien. En 2006, Santiago Rafael Cruz, un organizador comunitario de Farm Labor Organizing Comité, fue asesinado cuando su sindicato, el Farm Labor Organizing Comité intento crear una oficina en México para poner fin a las listas negras y a la corrupción de los contratistas de trabajadores temporales. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos casi nunca ha desertificado a algún contratista de trabajadores temporales, no importa cuantas quejas sean registradas en su contra. La industria del papel depende de este sistema. Hace 20 años, paró de contratar trabajadores desempleados nativos y comenzó a reclutar trabajadores temporales. Como resultado, los costos de trabajo se han abatido mientras que las ganancias se han incrementado.



El negocio de la familia Sensenbrenner y la industria papelera en general, son solo una parte del sistema global. En América Latina, las reformas económicas promovidas por el gobierno de Estados Unidos a través de acuerdos comerciales e instituciones financieras internacionales desplazan trabajadores –desde los mineros a los pizcadores de café- que se han unido al masivo flujo de trabajadores rumbo al norte. Cuando llegan a Estados Unidos, se vuelven una parte indispensable de la fuerza de trabajo, ya sea si son indocumentados o si trabajan con visas de trabajo. El desplazamiento crea una fuerza de trabajo móvil, un ejercito de trabajadores que se ha vuelto una parte indispensable de la economía de Estados Unidos y otros países ricos. El mismo sistema que produce la migración, necesita y utiliza el trabajo proveniente de otros países. A pesar de las pretensiones de la comisión del IRCA y de los defensores del TLCAN, uno de los efectos más importantes del tratados y de las políticas de ajuste estructural en general, ha sido la producción de la migración.



La creación de una fuerza de trabajo vulnerable a través del desplazamiento de sus comunidades, no es algo nuevo. Es tan viejo como el capitalismo mismo. En 1700, las leyes inglesas de cercamiento, desplazaron a los tejedores locales cercando las tierras comunitarias en donde criaban a sus ovejas para obtener lana. La hambruna empujó a los tejedores a las nuevas fábricas de textiles en donde se convirtieron en algunos de los primeros trabajadores asalariados en el mundo.



África se convirtió en un “lugar para la caza de pieles negras” durante el sangriento desplazamiento de las comunidades provocado por los tratantes de esclavos. Los campesinos africanos desarraigados fueron transportados encadenados a América, en donde eran convertidos en una fuerza esclavizada de trabajo desde Colombia y Brasil hasta el sur de Estados Unidos. Su trabajo produjo la riqueza que hizo posible el crecimiento económico en Estados Unidos y en muchas partes de América Latina y el Caribe. Sin embargo, su desplazamiento y esclavizamiento produjo más que riqueza. Puesto que los dueños de esclavos buscaban diferenciar a los esclavos de la gente libre, crearon las primeras categorías raciales. La sociedad estaba dividida entre aquellos con muchos y aquellos con pocos derechos, utilizando para ello el color de piel y el lugar de origen. Cuando los ideólogos anti-inmigrantes como Lou Dobbs llaman a los modernos migrantes: “ilegales,” en realidad están empleando una categoría heredada y desarrollad desde el esclavismo.



Desplazamiento y desigualdad.



Actualmente, el desplazamiento y la desigualdad se encuentran profundamente unidos en la economía de mercado. El presidente mexicano, Felipe Calderón señaló durante una reciente visita a California: “Ustedes tienen dos economías. Una de ellas, la economía americana, es de capital intensivo. Una economía es intensiva en trabajo, la cual es la economía mexicana. Somos dos economías complementarias, y ese fenómeno es imposible de detener.” Cuando Calderón señala “intensiva en trabajo,” se refiere a millones de ciudadanos mexicanos que son desplazados y que la economía del país es incapaz de producir el empleo para ellos. Para Calderón y los empleadores en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos, la migración, es por lo tanto, un sistema de abastecimiento de trabajo. La política migratoria determina las reglas bajo las cuales ese trabajo es puesto a disposición.



Más de 191 millones de personas viven fuera de su país de origen. Los empleadores los ven como una fuente de trabajo y buscan por lo tanto organizar el flujo de la migración para dirigirla hacia donde es necesaria. De acuerdo con Jeff Faux, “Los intereses económicos de la mayoría de los empleadores estadounidenses aprueba una frontera porosa para el trabajo tanto como sea posible.” Pero los empleadores requieren de trabajadores en una forma vulnerable, con un estatus de segunda clase y disponibles al precio que ellos desean pagar.



Un creciente porcentaje de la fuerza laboral rural está integrada por migrantes. Incluso en los países en desarrollo, la agricultura corporativa depende de trabajo migrante, y en grandes corporaciones como Dole y Del Monte atraen fuerza de trabajo de comunidades empobrecidas y desplazadas, desde los Afro Colombianos en Colombia hasta los Oaxaqueños en México. Actualmente los migrantes dominan la industria de servicios en la mayoría de los países desarrollados. Así como en el caso de aquellos que apenas comienzan a buscar trabajo, ellos comienzan a trabajar en los empleos más marginales y contingentes. Los jornaleros en las esquinas de California arriban de México y Centro América, mientras que en Gran Bretaña migran de Rumania, África y las Antillas.



Dentro de este sistema de desplazamiento y migración, las políticas de migración de los países desarrollados determinan el estatus del trabajo migrante. Las políticas migratorias estadounidenses no detienen a la gente de entrar al país, ni siquiera es esa su intención. Su principal función es determinar el estatus una vez que se encuentran en el país. Y una política migratoria basada para proveer trabajadores produce dos efectos. El desplazamiento se convierte en una herramienta no reconocida para producir trabajadores, mientras que la desigualdad se vuelve la política oficial. La suposición sin cuestionar, es que los migrantes no tendrán los mismo derechos que la población de las comunidades en donde viven. Todas las leyes migratorias debatidas en el Congreso en los últimos años están basadas en esta suposición. Sin embargo, a pesar de sus profundas implicaciones, nunca es debatida.



Esta institucionalización de la desigualdad esta revirtiendo un movimiento de cuatro siglos en busca de mayor igualdad y derechos para todas las personas viviendo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la desigualdad legal e institucional está creando un creciente segmento de la fuerza de trabajo sin los derechos y beneficios más básicos obtenidos por los trabajadores durante el New Deal.




La rentabilidad de la desigualdad



En la historia de la inmigracion estadounidense, una larga lista de políticas han sido diseñadas para producir un estatuto legal desigualdad –la ley de Exclusión China, la ley de Extranjeros, la ley Pública de 78, el programa bracero. Todas ellas crearon un estatuto legal desigual basado en la raza y el origen nacional, compartiendo como propósito central el abastecer de trabajadores al precio que los empleadores querían pagar.

Los orígenes de esta desigualdad residen en el esclavismo, El actual concepto de persona “ilegal” tiene sus raíces en los Códigos Negros, utilizados para definir quien podía ser esclavizado y quien no. Actualmente, llamar a alguien “ilegal” no refiere a un acto ilegal. Es el estatuto de la persona lo que es ilegal, lo cual justifica su exclusión de los derechos normales y los beneficios sociales. La ilegalidad es una categoría social.



La ilegalidad crea un sistema barato para los empleadores. Los llamados trabajadores ilegales producen riqueza, pero reciben una pequeña suma en retribución –una fuente de ganancia para aquellos que los emplean. La desigualdad produce ganancias. En 1994, de acuerdo con el North American Integration and Development Center de la UCLA, el trabajo de los trabajadores indocumentados llegó a $45, 000 dólares por persona en la economía de California. Asumiendo que casi todos trabajaron recibiendo el salario mínimo, cada uno recibió solo una pequeña parte del valor que él o ella produjeron, cerca de $8, 840 dólares cada uno. El salario mínimo en el sector manufacturero para ese periodo, produjo un ingreso anual de más del doble de eso. ¿Quién se lleva el valor adicional?



Las compañías dependen, no sólo de trabajadores en las fabricas y los campos, pero también en las comunidades de donde son originarios. Si alguna de esas comunidades para de enviar trabajadores, el abastecimiento de trabajo se detiene. Sin embargo, ninguna compañía paga por una sola escuela o clínica, o pagan algún impuesto en esas comunidades. Los trabajadores pagan por todo a través del dinero que ellos envían a casa.



En los pequeños pueblos de México y Guatemala que actualmente proveen de trabajadores para Estados Unidos, el libre comercio y las políticas de libre comercio ejercen presión para que el gobierno recorte presupuesto para el gasto social. Por ejemplo, el presupuesto en Santa Eulalia, Guatemala, no provee de ningún sistema de salud para sus residentes. En las escuela publicas, los padres de familia y los maestros deben comprar el papel, los lápices, libros y otros materiales (una importante causa en la huelga de los maestros en Oaxaca). Si un camino necesita reparación, los residente no puedes esperar que un equipo enviado por el gobierno lo repare.



El costo de todos estos servicio es financiado por los mismos trabajadores bajo la forma de las remesas enviadas desde sus trabajos en los rastros de Nebraska, los campos de cultivo de California, o las oficinas en Nueva York. El ex presidente mexicano, Vicente Fox se jactó que en el 2005 los ciudadanos de su país que trabajaban en Estados Unidos enviaron a México $18 billones de dólares. Algunos estimaron que en 2006 la cifra alcanzo los $25 billones de dólares. Al mismo tiempo, los fondos públicos que se destinaban para la educación y las obras publicas, salieron de México como deuda a los bancos extranjeros. Las remesas, a pesar de sus dimensiones no pueden remplazar el flujo de dinero al extranjero.

De acuerdo con un reporte de la Cámara de Diputados en México, las remesas representaron un promedio del 1.19% del producto interno bruto entre 1996 y 2000, y 2.14% entre 2001 y 2006. Los pagos de la deuda ascendieron al 3 % anual. Al ayudar a financiar las necesidades sociales, las remesas están subsidiando indirectamente a los bancos.

Al mismo tiempo, las compañías dependientes del flujo de migrantes obtienen mayor flexibilidad al ajustarse a los alti bajos de la demanda del mercado. El sistema de producción global se ha desarrollado flexiblemente de acuerdo con los alti bajos económicos. Su sistema de empleo esta basado en el uso de contratistas, el cual está remplazando el sistema en el cual los trabajadores era empleados directamente por los negocios que utilizaban su trabajo. Actualmente los cultivadores de pinos no trabajan directamente para la Kimberly Clark o las compañías papeleras, sino para los reclutadores de trabajadores. Ellos se aparecen cuando se necesita que los árboles sean plantados, o cosechados. Cuando el trabajo se termina, ellos son echados fuera. Las corporaciones papeleras controlan los costos de la fuerza de trabajo indirectamente a través del precio que pagan por los árboles cosechados o la pulpa de madera, y a través de los contratos firmados con los contratistas. Este ha sido por décadas el modelo para la contratación en las industrias del vestido y de conserjería, así como en la agricultura. Los trabajadores migrantes desplazados son la columna vertebral del sistema.



Tan pronto como estas condiciones se establecen, se expanden a otras industrias. En la década de 1970, los trabajadores de las plantas electrónicas del Silicon Valley trabajaron directamente para grandes manufactureros. Actualmente, las mujeres que trabajan en las líneas de ensamblaje de las impresoras Hewlett Packard trabajan para Manpower, una agencia de empleo temporal con una oficina en la planta misma. Muchas veces realizan el mismo trabajo que hacían directamente para HP, pero ahora sin seguro medico u otros beneficios. Obtienen un salario menor y pueden ser despedidas en cualquier momento. La mayoría de las mujeres son de Filipinas, México y otros países de América Latina y la Cuenca del Pacifico.



Los programas de trabajadores temporales fueron creados para distribuir a los trabajadores de acuerdo a las necesidades de abastecimiento de trabajadores. Cuando la demanda es alta, los empleadores reclutan mas trabajadores. Cuando la demanda cae, esos trabajadores no sólo tienen que abandonar sus empleos, sino también el país. Trabajadores temporales disabilitados, lastimados como resultado de la velocidad de la línea de trabajo en las plantas empacadoras de carne, no pueden permanecer en la comunidad alrededor de la planta para plantear demandas. Deben regresar a sus comunidades de origen en donde no existe sistema de salud, y el empleador no tiene que proveer de compensación a aquellos que son forzados a salir del país.



Actualmente escuchamos tanto a los empleadores como al Departamento de Seguridad Nacional abogar por el relajamiento de los requisitos para obtener visas de trabajador temporal. Aun cuando se establece un salario mínimo y condiciones de vivienda como requisitos, el reporte del Southern Poverty Law Center titulado “Cerca del esclavismo,” documenta que estos requisitos generalmente son ignorados. Poner simplemente mas protecciones laborales en el papel, no cambiará la realidad de los trabajadores. “Estos trabajadores no tienen derechos laborales o beneficios,” señala Domínguez. “Es como el esclavismo. Los trabajadores no pueden hacer nada si no reciben su salario o son engañados por los empleadores.




La campaña por un nuevo programa de trabajadores temporales



La industria empacadora de carne comenzó a cabildear por trabajadores temporales al final de la década de 1990 cuando las compañías organizaron la Essential Worker Immigration –integrada por Wal-Mart, Marriott, Tyson Foods y los Associated Builders and Contractors. Mientras que los Republicanos apoyan fuertemente un programa de trabajadores temporales, las leyes en el Congreso son bipartisanas, apoyadas por liberales como el Senador Edward Kennedy y el Congresista Luis Gutiérrez.



Los nuevos programas de trabajadores temporales están en el corazón del programa corporativo para la reforma migratoria, y están combinados con propuestas para el incremento del reforzamiento de la ley y un programa para la legalización de los indocumentados que favorece a los empleadores. En Estados Unidos, las propuestas basadas en este compromiso tripartito son llamadas “reformas migratorias comprensivas.” En Gran Bretaña, propuestas similares son llamadas migración administrada (managed migration), cuyo propósito es “regular el flujo” de la migración.



Los programas de trabajadores temporales que han avanzado incluso en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, tienen dos características. Permiten a los empleadores reclutar trabajadores en un país y utilizarlos en otro, y confinan la posibilidad de los trabajadores a permanecer en su nuevo país de acuerdo con su estatus laboral.



Si no se encuentran trabajando, no tienen derecho a permanecer en él. Esto lleva inevitablemente a un estatus social, político y económico en el cual los trabajadores no tienen los mismos derechos que aquellos que los rodean, y no pueden recibir los mismos beneficios. Algunas de las leyes en el Congreso de Estados Unidos en los años recientes, pudieron haber permitido a algunas de las más grandes corporaciones reclutar y traer al país, a través de contratistas, a 800, 000 personas al año. Y a la mitad del debate final del 2006, en el cual falló su propuesta, el Presidente George Bush planteó eliminar toda la migración basada en el principio de reunificación familiar, y propuso autorizar la migración a Estados Unidos únicamente cuado las personas fueran reclutadas por los empleadores. Bajo esta propuesta casi todos los trabajadores podrían haber sido trabajadores temporales.





Redadas, Legislación punitiva y la lucha por la legalización.



Las enormes marchas por los derechos de los migrantes en el 2006 fueron seguidas por un dramático incremento de las redadas federales en los lugares de trabajo y las comunidades. Mientras que el vocero de Immigration and Customs Enforcement (ICE) explica que tienen la intención de mostrar la necesidad de un programa de administración de la inmigración, ICE ha comenzado a implementar muchas de las medidas contenidas en la reforma migratoria que el Congreso rechazó.



En 2007, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, propuso una regla que exigía a los empleadores despedir a cualquier trabajador cuyo numero de Seguridad Social no coincidiera entre el provisto a su empleador y la base de datos de la Administración de Seguridad Social. La regulación asume que aquellos trabajadores cuyo numero no coincide, no cuentan con una visa valida. Algunos estados y comunidades ven esto como una luz verde del Departamento de Seguridad Nacional, y han comenzado ha aprobar medidas que van más allá. La legislatura de Arizona ha aprobado una ley que requiere que los empleadores verifiquen el estatus de cada trabajador por medio de una base de datos federal llamada E-Verify, así como despedir a aquellos trabajadores cuyos nombres sean señalados. Mississippi aprobó una ley que convierte en delincuentes a aquellos trabajadores indocumentados que cuenten con un empleo, multándolos con 10 años de cárcel, multas de hasta $10, 000 dólares, sin derecho a fianza. Y el Congreso se encuentra actualmente discutiendo dos leyes, la SAVE Act y la New Employee Verification Act que podrían requerir de un uso similar de la base de datos E-Verify.



La Immigration Reform and Control Act de 1986 convirtió en un crimen, por primera vez en la historia de Estados Unidos, contratar personas sin documentos migratorios. Los defensores de dicha ley, argumentaron que si la gente no podía trabajar legalmente, debían por lo tanto abandonar el país. Sin embargo, las personas indocumentadas son miembros de las comunidades en las que viven. Simplemente no pueden, ni deben irse de este país. Tratar de expulsar de Estados Unidos a la gente que ha migrado para sobrevivir, simplemente no funcionara. Y el precio por intentarlo no solo incrementará su vulnerabilidad sino que también depreciara su salario y sus condiciones de trabajo a lo largo de la frontera.



Los empleadores inescrupulosos utilizan esa vulnerabilidad para negar el salario por tiempo extra, el salario mínimo, o despedir a los trabajadores cuando estos protestan o se organizan. Finalmente, una mayor vulnerabilidad resulta en trabajo más barato y menos derechos para todos. Después de haber deportado a más de 1000 trabajadores en las plantas empacadoras de carne Swift, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertof, demandó vincular la “ejecución rigurosa de la ley con un programa de trabajadores temporales.” El objetivo del gobierno es obtener fuerza de trabajo barata para los grandes empleadores. Las deportaciones, los despidos y los programas de trabajadores temporales deprecian la fuerza de trabajo y contribuyen a crear un clima de miedo e inseguridad para todos los trabajadores.



El tercer elemento en el programa corporativo es la legalización, pero en un programa hecho a la medida para proteger a los empleadores de cargos legales por contratar trabajadores indocumentados, en vez de ayudar a las familias para ajustar su estatus. Las leyes comprensivas del Congreso podrían imponer a los inmigrantes periodos de espera de 11 a 18 años para solicitar la legalización, tiempo durante el cual serían más vulnerables que nunca. Sin embargo, sus empleadores podrían estar protegidos de violar los reglamentos para los empleadores, mientras que organizan el reclutamiento de nuevos trabajadores a través de programas de trabajadores temporales.




La “reforma migratoria comprensiva” pudo haber hecho zozobrar uno de los logros más grandes de la era de la lucha por los derechos civiles En 1964, Cesar Chávez, Ernesto Galarza, y Bert Corona convencieron al Congreso para que diera fin al programa bracero. La primera huelga de los United Farms Workers comenzó al año siguiente. En 1965 los lideres Chicanos por los derechos civiles convencieron al Congreso para que aprobara una nueva ley migratoria, estableciendo un sistema en el cual las visas serian otorgadas para permitir que la gente se reuniera con sus familias. Una política migratoria favorable a la reunificación familiar y a la comunidad remplazó a la política basada en un esquema de abastecimiento de trabajadores temporales. La actual política migratoria corporativa remplazará la reunificaron familiar, como el criterio para la migración, con el reclutamiento de trabajadores.



No es sorprendente que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y las comunidades de migrantes que residen permanentemente, vean el crecimiento de este sistema de empleo con alarma. Dicho sistema alienta la competencia entre trabajadores y expande un segmento de la fuerza de trabajo con los salarios más bajos y con muy pocos derechos. No es difícil para las personas ver el impacto, incluso si se confunden respecto a su causa.

Propugnando por un futuro más justo



La construcción de una coalición política por una reforma en favor de los trabajadores y los inmigrantes debe comenzar por buscar el interés común de los trabajadores. Esa base común es la lucha por empleos y derechos para todos. El desempleo de la población negra se encuentra en un nivel catastrófico como consecuencia no de su desplazamiento por los inmigrantes, sino por el decrecimiento en los empleos en el sector manufacturero y los recortes en el sector publico. Durante la recesión de 2001 300, 000 de casi 2 millones de trabajadores negros perdieron sus empleos en el sector manufacturero. Sin embargo en las crecientes industrias de los servicios y la alta tecnología, los trabajadores Afro-Americanos y Chicanos son vistos con desaprobación. Los empleadores piensan que son pro-sindicalistas. Ellos demandan altos salarios que las compañías no quieren pagar.



En la ultima década, los sindicatos han hecho grandes progresos organizando a los inmigrantes y conectando la migración y los efectos producidos por las políticas de libre mercado. En 1986 la AFL-CIO apoyó la Immigration Reform and Control Act porque incorporaba sanciones a los empleadores. La AFL-CIO cambio su posición en 1999 y llamó a revocar las sanciones a los empleadores, pidió una amnistía para todas las personas indocumentadas, una política migratoria basada en la reunificación familiar, y expandir los derechos de organización de los trabajadores inmigrantes. Antes se había opuesto al programa de trabajadores temporales por su largo historial de abusos laborales. Como resultado de eso, actualmente los inmigrantes son la columna vertebral de los movimientos para organizar desde las plantas procesadoras de puerco Smithfield en North Carolina hasta los conserjes en Houston y los trabajadores en las lavanderías Cintas. Los sindicatos que están creciendo mas, son aquellos que comprenden el deseo de muchos inmigrantes de pelar y unirse a los sindicatos.



Para lograr cambios substanciales en la política migratoria, aquellos que propugnan por los derechos de los inmigrantes, deben unir sus demandas por una reforma migratoria con los objetivos de la población Afro-Americana, los sindicatos y las comunidades de la clase trabajadora. Para terminar con la competencia laboral, por ejemplo, los trabajadores requieren que el Congreso adopte una política de empleo total. Para obtener derechos para organizarse, los trabajadores inmigrantes necesitan de una reforma de la ley laboral y de la Employee Free Choice Act, la cual podría crear un proceso más rápido y sencillo para organizar sindicatos. Para ganar estas demandas se requiere de una alianza entre los trabajadores –inmigrantes y nacidos en E.U., Latinos, Afro-Americanos, Asiático-Americanos y Blancos. Una alianza con los empleadores, dándoles un nuevo programa de trabajadores temporales, incrementara la competencia laboral y empujara los salarios hacia abajo y haciendo imposible la acción afirmativa.



“Tanto el gobierno de México como el de E.U., dependen de la mano de obra barata de los mexicanos. No lo dicen abiertamente, pero dependen de ella,” concluye Domínguez. “Lo que podría mejorar nuestra situación es obtener el estatus legal para la gente que se encuentra aquí y obtener una mayor disponibilidad de visas basadas en el principio de reunificación familiar. La legalización y más visas podrían resolver muchos de nuestros problemas; no todos, pero si sería un gran paso,” señala. “Los muros no detendrán la migración, pero salarios decentes y la inversión para la creación de trabajos en nuestros países de origen podría hacer decrecer la presión que nos fuerza a dejar nuestra casa. Penalizarnos convirtiéndonos en ilegales por trabajar no detendrá la migración, ya que no resuelve el problema por el cual la gente viene aquí.”



Al mismo tiempo, los migrantes deben tener derechos básicos, independientemente de su estatus migratorio. Sería deseable destinar más recursos a reforzar los estándares de trabajo para todos los trabajadores, en vez de penalizar a los trabajadores indocumentados por trabajar, y a los empleadores, por emplearlos. “De otra forma”, señala Domínguez, “los salarios se depreciarán, ya que si un empleador cuenta con una ventaja, los otros buscaran lo mismo.”



Para aumentar el bajo costo del trabajo inmigrante, los trabajadores inmigrantes deberán ser capaces de organizarse. El estatus legal permanente facilita la organización. Los programas de trabajadores temporales, el reforzamiento de la ley y las redadas dificultan la organización. Actualmente, el segmento de los trabajadores sin beneficios y con los salarios más bajos se está expandiendo rápidamente. Las propuestas para negar a la gente derechos o beneficios por su estatuto migratorio, hace que este proceso se acelere. Una coalición popular debe de impulsar en la dirección opuesta, para lograr un estatus más igualitario que permita unir a diversas comunidades.



Fuera de Washington, las coaliciones comunitarias, y los grupos de derechos laborales y de los inmigrantes están propugnando alternativas. El Congreso podría por ejemplo,



* Otorgar visas de residencia permanente, permisos de trabajo a las personas indocumentadas que ya se encuentran en Estados Unidos, e incrementar el numero de permisos de trabajo disponibles para los nuevos migrantes.



* Eliminar los tres largos años de espera para procesar las visas de reunificación familiar y reforzar las familias y las comunidades.



* Permitir a la gente solicitar permisos de trabajo en el futuro, después de haber vivido en E.U. por algunos años.



* Detener la ejecución de la ley que ha llevado a miles de deportaciones y despidos, y desmilitarizar la frontera, de forma que no muera mas gente al cruzarla.



* Responder a la recesión y a los embargos con programas de empleo que garanticen el ingreso y eliminen el miedo a la competencia laboral.




* Redirigir el dinero gastado en las guerras en Irak y Afganistán para reconstruir Nuevo Orleáns, refinanciar las hipotecas y restablecer los servicios sociales requeridos por las familias trabajadoras.



No hay escasez de trabajo en Estados Unidos, pero las prioridades del presupuesto deben ser transformadas para redirigir los recursos a las áreas que producirán empleos e incrementaran el bienestar. Para resolver los dilemas de la migración y la globalización, Estados Unidos necesita de un sistema que produzca seguridad, no inseguridad.



Las corporaciones y aquellos que se benefician de las actuales prioridades posiblemente no apoyen esta alternativa, pero millones de personas lo harán. Ya sea que vivan en México, Guatemala, China, Estados Unidos, o cualquier otro país, los trabajadores necesitan las mismas cosas: empleos seguros, un salario que les permita vivir; derechos en sus lugares de trabajo y comunidades; y la libertad de viajar en busca de un futuro para sus familias.



Por lo tanto, las fronteras entre nuestros países debe ser el suelo común que nos una y no las líneas que nos dividan.



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